Miles de intersexuales sufren intervenciones médicas sin consentimiento informado en la UE
El 42% de las personas intersexuales en España ha sufrido violencia física o sexual por ser LGTBIQ+, el segundo porcentaje más alto entre los 30 países analizados en un informe que presentó este miércoles la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (UE). Sólo en Austria, con un 45%, hay más personas que han sufrido episodios de violencia, según ese informe basado en entrevistas a 1.920 personas intersexuales. La media en la UE es del 32%.
El elevado desconocimiento social sobre las personas intersexuales las convierte en un grupo muy vulnerable, objeto de un odio creciente y a menudo sometidas sin su consentimiento informado a cirugías y terapias de ‘conversión’, según alerta la UE.
Las personas intersexuales nacen con variaciones que ocurren de manera natural en las características sexuales -como los genitales, la anatomía, los niveles de hormonas o los cromosomas- que no se ajustan al binarismo dominante. La FRA estima que el 0,02% de la población de la UE tienen esas variaciones innatas, aproximadamente unas 90.000 personas.
Aumento de la intolerancia contra las personas LGTBIQ+
En su reporte, la FRA indica que España está entre los países con las legislaciones más avanzadas contra la elevada discriminación y violencia que sufren los intersexuales, la más alta entre todo el colectivo LGTBIQ+. Es uno de los cinco países de la UE que prohíben las modificaciones médicas genitales no consentidas a menores, y está entre los siete que incluye las protección de las características sexuales en su legislación antidiscriminación. También es uno de los ocho que prohíbe las terapias de conversión que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género.
Pese a esas leyes, el 51% de los intersexuales encuestados en España opinaron que la intolerancia y los prejuicios contra las personas LGTBIQ+ han aumentado en el país en los últimos cinco años, frente al 35% de media comunitaria. El principal motivo para ese aumento en España radica, según el 86% de los encuestados, en los discursos negativos de políticos y partidos, frente al 69% que así lo opina en el conjunto de los 27. Sólo el 24 % opina que se debe a cambios legales negativos (en contraste con el 37 % de media en la UE).
Menos denuncias
Por otro lado, el informe indica que el 58% de los encuestados cree que el Gobierno combate efectivamente la intolerancia contra las personas LGTBIQ+, en comparación con el 29% de la media comunitaria.
A nivel de los 27, los índices de violencia más elevados los sufren los intersexuales que se identifican como hombres trans (44%), seguidas de mujeres trans (42%). El 26% de los intersexuales que se consideran hombres cisgénero y el 26% de las mujeres también denunciaron haber sufrido ataques.
Respecto a la orientación sexual, el porcentaje de víctimas de violencia va del 39% en los homosexuales y el 36% de los heteros, al 27% de los bisexuales.
España es también uno de esos 30 países -los 27 de la UE más Albania, Macedonia del Norte y Serbia-, en el que las personas intersexuales denuncian a la Policía con menos frecuencia los episodios de violencia por motivos de odio, señala ese reporte. El miedo a reacciones homófobas o tránsfobas por parte de la Policía es el principal motivo para no denunciar.
Mutilaciones genitales
Las mutilaciones genitales son operaciones en cuerpos sanos cuando los genitales externos no parecen lo suficientemente «normales» para ser considerados masculinos o femeninos. Intervenciones que, aparte de los posibles daños físicos y psicológicos, pueden violar derechos como la integridad física y la dignidad humana.
Aunque la FRA no dispone de datos sobre cuántas personas intersexuales han sufrido operaciones que pueden considerarse mutilaciones, sí señala que el 22% de los encuestados asegura haber sido objeto de algún tratamiento o intervención, quirúrgica u hormonal, para modificar sus características sexuales.
La FRA advierte de que esas operaciones se ejecutan a menudo en la infancia, muchas veces sin el consentimiento libre, previo e informado de los menores o de sus padres. Más de la mitad fueron sometidos a ese tratamiento antes de cumplir los dieciocho años, el 10% incluso antes de cumplir uno.
El 57 % de quienes ha pasado por esas prácticas aseguraron que no se les facilitó (o a sus padres) toda la información necesaria sobre el procedimiento o sus posibles consecuencias.
Ante ello, la FRA insta a todos los Estados de la UE a que acaben con los esos tratamientos en niños sin su consentimiento libre e informado. Actualmente, sólo cinco de los 27 países de la UE, entre ellos España, prohíben cirugías ‘normalizadoras’ no consentidas en menores.
