ILGA sitúa a España como el país más garantista para las personas LGTBIQ+ en plena ofensiva ultra en Europa
España se ha convertido por primera vez en el país de Europa con mayor protección legal para las personas LGTBIQ+, según el Mapa Arcoíris 2026 elaborado por ILGA-Europe, la principal organización internacional del colectivo. El informe sitúa al Estado español en el primer puesto del ranking, desbancando a Malta, y destaca tanto la aprobación y desarrollo de las leyes LGTBI y trans como la respuesta del Gobierno central frente a los intentos de retroceso impulsados por la extrema derecha.
España ya es oficialmente el país más avanzado de Europa en derechos LGTBIQ+. Así lo recoge el informe de referencia que desde 2009 analiza las políticas y legislaciones de 49 países europeos en materia de diversidad sexual y de género. Por primera vez en una década, Malta pierde el liderazgo y cede el primer puesto a España, que alcanza un 89% de cumplimiento de los indicadores evaluados por la organización internacional.
El ranking, elaborado a partir de 76 criterios y con la participación de cientos de especialistas y entidades, valora aspectos como la igualdad y la no discriminación, el reconocimiento legal de género, la protección frente a delitos de odio, los derechos familiares, la situación de las personas intersexuales o el derecho de asilo. La media europea se sitúa actualmente en el 43%, mientras que la de la Unión Europea alcanza el 52%, muy lejos todavía de los niveles de protección reconocidos por ILGA en España.
Valentía política
La organización atribuye el ascenso español a una “combinación de logros”, entre ellos la aprobación de la autodeterminación de género sin requisitos médicos, el desarrollo de las leyes LGTBI y trans aprobadas en 2023 y la puesta en marcha de nuevas estrategias públicas de igualdad. ILGA también destaca la creación de la Autoridad para la Igualdad de Trato y la plena despatologización de las personas trans en el ámbito sanitario. Otro de los aspectos que subraya el informe es la extensión de las leyes autonómicas de protección LGTBIQ+, con Asturias como última comunidad en incorporarse.
Sin embargo, ILGA también pone el foco en los intentos de PP y Vox de modificar o limitar parte de estas normativas en territorios como Madrid o la Comunitat Valenciana. La organización considera especialmente relevante la actuación del Gobierno central, que recurrió varias de estas reformas ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulneraban derechos fundamentales.
Para Katrin Hugendubel, directora adjunta de ILGA-Europe, el caso español demuestra que “la valentía política sigue siendo la respuesta más eficaz” frente al auge de los discursos reaccionarios. La responsable internacional considera que, en un contexto global marcado por el avance de la extrema derecha y los ataques a las personas trans, España ha optado por “seguir avanzando en igualdad” en lugar de convertir al colectivo en un “chivo expiatorio”.
Leyes vs. realidad
A pesar del liderazgo español, advierte de que el informe evalúa leyes y políticas públicas, pero no siempre refleja la realidad cotidiana de las personas LGTBIQ+. La organización alerta de la creciente brecha entre los avances legislativos y el aumento de la violencia y los discursos de odio. En este sentido, recuerda que más de la mitad del colectivo asegura haber sufrido discriminación, acoso o agresiones durante el último año, tanto en espacios físicos como digitales.
La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) ha aprovechado la publicación del ranking para exigir un Pacto de Estado contra los discursos de odio. La entidad considera que el clima de crispación y la normalización de mensajes LGTBIfóbicos están alimentando un incremento de la violencia contra el colectivo. Además, recuerdan que todavía existen cuestiones pendientes en España, como el reconocimiento legal de las personas no binarias o una mayor protección de las personas intersexuales.
El Mapa Arcoíris 2026 refleja, además, una Europa profundamente desigual. Mientras España, Malta, Bélgica, Dinamarca o Islandia lideran la protección de derechos, países como Rusia, Azerbaiyán, Turquía o Bielorrusia continúan impulsando políticas abiertamente anti-LGTBIQ+. ILGA alerta de que el continente vive actualmente “dos historias paralelas”: la de los países que siguen ampliando derechos y la de aquellos que, bajo el auge ultra, están promoviendo retrocesos democráticos y ataques directos contra las personas LGTBIQ+.
