El Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia documentó 191 incidentes en 2025 y advierte de que casi el 30% de los agresores identificados cuya edad se conoce son menores
El Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia registró 191 incidentes de odio en la Comunidad de Madrid, mientras aumentaba el peso de los menores entre los agresores identificados. A esta situación se suma otro dato alarmante: el 52,88% de las víctimas no presentó una denuncia formal, lo que dificulta conocer la dimensión real de la violencia. Así lo recogen el informe anual de Arcópoli.
Los 191 incidentes registrados suponen un descenso del 20% respecto a 2024. Sin embargo, Arcópoli advierte de que esta bajada no significa que haya menos violencia, sino que puede responder a una menor capacidad de registro y denuncia. Uno de los datos más preocupantes es el incremento de las agresiones cometidas por menores: representan casi el 30% de los casos en los que se conoce la edad del agresor, frente al 19,13% del año anterior.
El acoso continuado constituye otra de las principales formas de violencia, con 82 casos, el 42,93% del total. Las agresiones verbales encabezan las tipologías registradas, con un 39,79%, seguidas de los discursos de intolerancia y odio y las agresiones físicas.
Impunidad y silencio
La falta de denuncias dificulta la respuesta institucional. Solo el 36% de los casos llegó a denunciarse ante las autoridades u organismos competentes. El perfil de los agresores identificados es mayoritariamente masculino: el 72,13% son hombres. Además, las personas trans afrontan situaciones especialmente preocupantes de acoso y discriminación residencial y laboral.
Discursos de odio
Durante la presentación del informe, el coordinador general de Arcópoli, Luis Fernando Rosales, denunció la influencia de los discursos políticos reaccionarios en la normalización de las agresiones. «No se está ejerciendo la libertad de expresión; se está poniendo una alfombra roja para la impunidad», afirmó.
La asociación reclama a las administraciones recursos para aplicar las leyes de protección LGTBIQ+, formación para profesionales y medidas contra los discursos de odio. También exige acabar con el veto a las entidades del colectivo en los centros educativos. La organización advierte de que la violencia no puede combatirse sin protección efectiva, prevención y un compromiso institucional firme.











