La disolución de las Cortes para el 29N deja decaer la ley que iba a castigar con cárcel las terapias de conversión
La convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre ha dejado en el aire varias iniciativas legislativas relacionadas con los derechos LGTBIQ+. La disolución de las Cortes Generales interrumpe la tramitación de normas que buscaban reforzar la protección frente a las terapias de conversión y ampliar el reconocimiento de las personas no binarias e intersex. Su futuro dependerá de las mayorías parlamentarias que surjan de las urnas y de la voluntad política de recuperar estos proyectos.
Una de las iniciativas afectadas es la reforma del Código Penal para castigar las terapias de conversión con penas de hasta cuatro años de prisión. La proposición de ley orgánica recibió el respaldo del Congreso de los Diputados en junio, con 179 votos favorables, 32 en contra y 137 abstenciones. Sin embargo, la convocatoria electoral impide que llegue al Senado, donde debía continuar su tramitación.
Actualmente, la legislación estatal de 2023 contempla estas prácticas como una infracción administrativa, pero no como un delito penal. Por tanto, la reforma pretendía establecer consecuencias penales para quienes sometieran a otras personas a estos procedimientos y para quienes las derivaran a ellos. Con el adelanto electoral, esta protección queda pendiente y la iniciativa tendrá que volver a tramitarse si las nuevas Cortes deciden recuperarla.
Empezar de nuevo
También permanece paralizada la proposición de ley sobre los derechos de las personas no binarias e intersex, registrada en abril de 2025 por Kaleidos y No Binaries España, con el apoyo de Sumar. El texto planteaba incorporar una tercera casilla en el Registro Civil, garantizar una atención sanitaria integral a las personas intersex y poner fin a las modificaciones genitales correctivas.
La incertidumbre legislativa coincide con las advertencias de la Federación Estatal LGTBI+ sobre el futuro de la igualdad. Su presidenta, Paula Iglesias, ha reclamado proteger los derechos ante las elecciones y ha defendido políticas comprometidas con la ciudadanía. «Nuestros derechos no son negociables», ha señalado.
La FELGTBI+ llama a «votar con Orgullo» y pide al próximo Gobierno retomar las leyes de diversidad que decaen. Iglesias, ha advertido de que varias iniciativas legislativas quedarán pendientes para la próxima legislatura tras las elecciones. Entre ellas figuran el Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los colectivos vulnerables, la ley para penalizar las terapias de conversión, el desarrollo de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Ley de Familias y la normativa para proteger a los menores frente a los riesgos del entorno digital. Iglesias ha señalado este lunes que todas estas medidas «quedan pendientes para la nueva legislatura».
El resultado del 29-N será determinante para saber si estas iniciativas vuelven a la agenda parlamentaria. La disolución de las Cortes no impide que puedan presentarse de nuevo, pero obliga a empezar otra vez el procedimiento y negociar los apoyos necesarios. Si las nuevas mayorías no las impulsan, las reformas podrían quedar aplazadas sin una fecha clara de aprobación, mientras las demandas de protección de las personas afectadas continúan pendientes.
