El nuevo texto también incluye más protección para las personas trans e intersexuales, quienes apenas aparecían mencionadas en la norma original
Catalunya da un paso más para blindar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales con el fin de erradicar la LGBTIfobia. La nueva ley se ha aprobado en el Parlament con una amplia mayoría, ya que fue una iniciativa presentada por el PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, en colaboración con las entidades del colectivo. El PP y la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana han votado en contra.
El nuevo texto deroga el anterior y actualiza el marco normativo de la que fue la primera norma de España diseñada para proteger al colectivo LGTBIQ+. Tras 11 años de aplicación, la norma tiene el objetivo de fortalecer las garantías de igualdad de trato y no discriminación, y la voluntad de hacer efectivo el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género en el ámbito público y privado.
La principal novedad es que incorpora una ampliación del régimen sancionador para acabar con las conductas LGBTIfobicas y da más cobertura tanto a las víctimas durante el proceso de denuncia, a la vez que aumenta los supuestos que definen las infracciones. Las sanciones quedan tipificadas según su gravedad y pueden ir de los 300 euros hasta los 500.000 euros.
Enfoque interseccional
La norma amplía los pretextos que pueden ser considerados una infracción, como no tratar a una persona «de manera intencionada» de acuerdo con su nombre o el género con el que se identifica o incluir en los negocios jurídicos cláusulas «que causen discriminación por razón de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales«. La modificación también incluye el derecho de reparación a la víctima y medidas accesorias o substitutorias para el infractor, siempre que la víctima dé su consentimiento.
A la vez, se prohíben las terapias de «reconversión« y se pone coto a su promoción, al tiempo que se promueve el uso de símbolos LGBTI en espacios y edificios públicos. Para proteger especialmente a las personas trans e intersexuales, la ley parte de un enfoque interseccional -también para la protección de las personas migrantes, racializadas y refugiadas- y deja por escrito el deber de las administraciones públicas de crear espacios de memoria democrática del movimiento LGTBI y de las personas trans, al tiempo que se propone reparar la invisibilización de las lesbianas.
Con esta nueva legislación también se crea la Red de Servicios de Atención Integral para coordinar los servicios de atención integral LGTBI (SAI) y los puntos de información LGTBI en todo el territorio catalán y se otorga una mayor dotación de recursos para impulsar políticas públicas.
El colectivo aplaude la iniciativa
Representantes de varias de las entidades del colectivo han expresado su satisfacción por la aprobación de la ley. La vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI de Catalunya, Fina Campàs, ha exhibido su «orgullo» porque se pasa «de proclamar principios a garantizar derechos«, y el presidente de la Plataforma LGTBI de Catalunya, Alberto Martín, la ha tachado de «necesaria, valiente y muy ambiciosa» frente a los «discursos de odio«. Por su parte, la abogada Laia Serra, ha subrayado que es «la primera ley del Estado» que recoge la «protección a los colectivos y entidades LGTBI«, algo que «con los tiempos que vienen tiene mucho valor«.
