La «contrarrevolución cultural» del presidente de Colombia Abelardo de la Espriella provoca fuertes protestas y una intervención judicial para frenar nuevas retiradas
El Gobierno de Colombia ha retirado 47 piezas del Museo Nacional de Bogotá vinculadas a la historia del movimiento LGTBIQ+, el feminismo, la izquierda y los procesos de paz. La decisión, impulsada por el presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella, ha provocado protestas ciudadanas y críticas del sector cultural. Un juez ha ordenado conservar los objetos retirados y ha prohibido nuevas modificaciones sin justificación administrativa.
Entre las piezas desaparecidas de las salas figuran una bandera del orgullo gay donada por la activista Elizabeth Castillo, fotografías de movilizaciones por los derechos LGTBIQ+ y ejemplares de la revista Ventana Gay. También se han retirado carteles de los dirigentes de izquierda Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, asesinados en 1990, así como el Balígrafo, la pluma fabricada con una bala utilizada para firmar el acuerdo de paz con las FARC en 2016.
La «contrarrevolución cultural» de la ultraderecha
La operación se enmarca en la llamada «contrarrevolución cultural» anunciada por De la Espriella, que ha declarado la guerra al wokismo y pretende eliminar de los espacios públicos las representaciones que considera una apología del terrorismo. El presidente cuestiona los reconocimientos a antiguos dirigentes guerrilleros que abandonaron las armas y participaron en procesos políticos.
La ministra de Cultura, Paola Holguín, ha defendido la retirada argumentando que los museos públicos no deben servir al «adoctrinamiento político» ni a la «apología al delito». Sin embargo, la selección de las piezas no fue una decisión autónoma de los equipos curatoriales: según La Silla Vacía, la orden partió directamente del Ministerio de Cultura y funcionarios de esta institución participaron en la elección de los objetos desmontados.
Protestas contra la censura y freno judicial
La decisión ha desencadenado manifestaciones frente al Museo Nacional, donde ciudadanos han reproducido imágenes de las obras retiradas para denunciar el intento de borrar parte de la historia colombiana. Las protestas fueron dispersadas por la policía antidisturbios con chorros de agua. Museos y profesionales de la cultura también han cuestionado la intervención y defendido la autonomía de las instituciones culturales.
Ante la polémica, un juez de Bogotá ha ordenado conservar las piezas y frenar nuevas retiradas sin justificación administrativa, al apreciar indicios de vulneración de derechos relacionados con la memoria histórica, la verdad y la libertad de expresión artística.
El conflicto trasciende la desaparición de objetos de unas vitrinas: pone en juego quién decide qué merece formar parte de la historia colectiva. Como han reivindicado las voces críticas, un museo debe ser un espacio de debate sobre el pasado y el futuro de una sociedad, no una herramienta para imponer una única visión ideológica. Ocultar la memoria del colectivo LGTBIQ+, las mujeres y las víctimas de la violencia política supone excluir del relato nacional las luchas que también han contribuido a construir Colombia.
