Interior publica por fin el protocolo para que las personas trans extranjeras adecuen su documentación, tal y como reconoce la ley trans
Las personas trans extranjeras podrán solicitar desde este 14 de julio la rectificación de su nombre y del sexo en la documentación expedida por la Policía Nacional, un derecho que ya reconocía la Ley 4/2023 pero que había permanecido bloqueado durante más de dos años por la ausencia de un protocolo de aplicación. El nuevo procedimiento, aprobado por el Ministerio del Interior, pone fin a un vacío administrativo muy criticado por organizaciones LGTBIQ+, aunque llega con un importante retraso respecto a lo que establecía la propia legislación.
El protocolo, firmado por el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, desarrolla el artículo 50 de la conocida como ley trans. Hasta ahora, muchas personas migrantes trans seguían recibiendo documentación oficial con un nombre o un sexo que no reflejaban su identidad porque sus países de origen no permitían modificar el registro civil. Esta situación provocaba problemas cotidianos en trámites administrativos, laborales, sanitarios o de acceso a la vivienda.
La nueva instrucción establece dos procedimientos. En los casos en que el país de origen no permita legal o materialmente realizar el cambio registral, la Brigada de Extranjería y Fronteras solicitará un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores para acreditar esa imposibilidad. Si se confirma, se modificará la información en el Registro Central de Extranjeros y se expedirá una nueva documentación acorde con la identidad de la persona.
Cuando el cambio ya haya sido reconocido en el país de origen, el procedimiento será mucho más sencillo. Bastará con presentar el pasaporte o el documento de viaje actualizado junto con el documento español cuya modificación se solicita.
Afecta a 65.000 personas
La medida afecta a numerosos documentos expedidos por la administración española, entre ellos la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CRUE), los documentos para solicitantes de protección internacional, los certificados de residencia o los títulos de viaje para personas indocumentadas. La FELGTBI+ calcula que alrededor de 65.000 personas trans migrantes podrían beneficiarse de este nuevo protocolo.
La aprobación llega después de años de presión por parte de entidades como la FELGTBI+, Plataforma Trans, Euforia Familias Trans Aliadas y del propio Defensor del Pueblo, que reclamaron al Gobierno que desarrollara un derecho ya recogido en la legislación. Además, una sentencia judicial dictada el pasado 5 de junio de 2026 dio la razón a una persona trans migrante y señaló la inacción de la Administración.
La senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, ha celebrado la entrada en vigor del protocolo y ha afirmado que supone «un acto de justicia» que evitará «humillaciones absolutamente innecesarias«. Antonelli recordó que disponer de documentos que reflejen la identidad real resulta esencial para acceder con normalidad a derechos tan básicos como alquilar una vivienda, abrir una cuenta bancaria o utilizar determinados servicios públicos.
Aunque el protocolo representa un avance importante para los derechos de las personas LGTBIQ+ migrantes, las organizaciones recuerdan que no se trata de una nueva conquista, sino del cumplimiento tardío de una obligación legal aprobada hace más de dos años. Con su entrada en vigor, España corrige finalmente una situación que había dejado a miles de personas sin poder ejercer plenamente un derecho reconocido por la ley.
