La norma impulsada por sectores ultraconservadores elimina símbolos no oficiales de instituciones públicas e invisibiliza décadas de lucha por la igualdad
La ofensiva contra los símbolos LGTBIQ+ da un paso más en Europa. El Parlamento de Portugal ha aprobado este viernes una medida que prohíbe izar banderas consideradas «ideológicas, partidistas o asociativas» en los edificios de carácter público, incluyendo aquellas que apoyan a la comunidad LGTBIQ+.
El proyecto de ley, aprobado con los votos a favor del conservador Partido Social Demócrata (PSD), el ultraderechista Chega y el democristiano CDS-Partido Popular, prohíbe las banderas «ideológicas, partidistas o asociativas» en los edificios públicos, «independientemente de su naturaleza jurídica«.
La medida, que incluye también la prohibición de insignias de «origen extranjero, salvo en el marco de actos oficiales de carácter diplomático o protocolario«, se aplicará a edificios públicos, monumentos, mástiles, fachadas e interiores de uso oficial, según ha recogido la agencia de noticias Lusa.
Prohibir banderas no es inocuo
Desde los sectores que respaldan la medida se insiste en que responde a un principio de neutralidad institucional. Sin embargo, esta supuesta neutralidad está siendo ampliamente cuestionada. Organizaciones LGTBIQ+ y entidades de derechos humanos advierten que equiparar la bandera arcoíris con una ideología no solo es incorrecto, sino peligroso. La bandera no representa una opción política concreta, sino la defensa de derechos fundamentales y la visibilidad de un colectivo históricamente discriminado.
Eliminar estos símbolos de los espacios públicos no es un gesto inocuo. Activistas señalan que tiene un fuerte componente simbólico que puede interpretarse como un retroceso en la lucha por la igualdad. La presencia de la bandera LGTBIQ+ en instituciones no solo visibiliza, sino que también envía un mensaje claro de reconocimiento y protección por parte del Estado.
En caso de incumplir la normativa, se contemplan multas de entre 200 y 2.000 euros en casos de negligencia y de entre 400 y 4.000 euros en casos de dolo. La legislación, eso sí, deja fuera espacios privados y eventos culturales, deportivos o asociativos que «no impliquen representación oficial del Estado«.
El impacto de la medida ya se deja notar fuera de Portugal. En el contexto europeo, donde los derechos LGTBIQ+ forman parte del marco de valores compartidos, esta decisión genera inquietud y podría provocar respuestas institucionales.
