La movilización combinó las reivindicaciones históricas del colectivo con un gesto de solidaridad hacia las víctimas del terremoto
Cientos de personas de la comunidad LGTBIQ+ y activistas por los derechos humanos se manifestaron el sábado 31 de octubre en Caracas (Venezuela) para reclamar el reconocimiento legal de sus derechos, entre ellos el matrimonio igualitario, la protección de las familias homoparentales y sanciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. La movilización, celebrada en la zona de Chacaíto y aplazada desde junio por los terremotos que afectaron al país, también quiso expresar solidaridad con las personas damnificadas por la catástrofe.
Derechos pendientes
La protesta puso de nuevo sobre la mesa las reivindicaciones históricas de un colectivo que continúa sin contar con garantías legales fundamentales en Venezuela. Entre sus demandas figura también acabar con la criminalización de los militares y funcionarios de las Fuerzas Armadas por su orientación sexual.
Richell Briceño, abogada y activista, explicó que la convocatoria tenía un doble objetivo: acompañar a las víctimas de los terremotos y mantener visibles las reivindicaciones LGTBIQ+. La manifestación estaba prevista inicialmente para junio, pero fue pospuesta por el doble seísmo que afectó especialmente al estado costero de La Guaira.
Días antes de la marcha, representantes del colectivo acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para reclamar resoluciones sobre procedimientos relacionados con sus derechos que llevan más de una década pendientes. La iniciativa llegó después de que, en mayo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara a la Sala Constitucional una doctrina sobre la diversidad.
Sin igualdad legal
La situación de las personas LGTBIQ+ en Venezuela continúa marcada por importantes desigualdades. Las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, las personas trans no pueden adecuar legalmente su nombre a su identidad y las personas homosexuales tienen prohibido donar sangre.
Durante la protesta, la joven activista Paola Berra, de 20 años, denunció el retraso del país en materia de derechos y calificó la sociedad venezolana de «bastante homofóba». Por su parte, Bruno Gallo, defensor delegado de Caracas, reconoció que el país mantiene una deuda con las personas diversas y defendió la necesidad de ampliar sus derechos.
La movilización vuelve a evidenciar que, pese a los años de reivindicaciones, la igualdad legal y la protección efectiva siguen siendo asignaturas pendientes para el colectivo LGTBIQ+ venezolano.
