Coincidiendo con su 25 aniversario, la asociación FLG, que agrupa a más de 400 familias, presenta medidas para garantizar la igualdad y evitar retrocesos legislativos
Las familias LGTBI reclaman una reforma de la Constitución y nuevas leyes que garanticen una protección efectiva de sus derechos ante el temor de que el avance de la extrema derecha provoque retrocesos en materia de igualdad. La FLG-Associació de Famílies LGTBI, que agrupa a más de 400 familias, ha presentado este domingo, 8 de noviembre, un documento con sus reivindicaciones dirigido a las principales formaciones políticas que concurren a las elecciones del 29-N. La iniciativa coincide con el 25 aniversario de la entidad.
La organización considera que los derechos conquistados durante las últimas décadas necesitan garantías jurídicas más sólidas para evitar que puedan quedar debilitados por futuros cambios políticos. Por ello, reclama una reforma constitucional que refuerce expresamente la protección de las personas LGTBI y de los distintos modelos familiares.
Protección legal
Entre sus principales propuestas figura modificar los artículos 14 y 39 de la Constitución, relativos a la igualdad y a la protección de la familia, para garantizar que ningún niño o niña pueda sufrir discriminación por la composición de su familia. También exige una ley estatal de protección de la diversidad familiar que concrete derechos, garantías y mecanismos para combatir la discriminación.
La FLG pide, además, que la campaña electoral esté libre de discursos de odio y que todas las candidaturas expresen públicamente su compromiso con la diversidad. También propone impulsar un Pacto de Estado contra los discursos de odio y reforzar la educación en diversidad sexual, de género y familiar en todas las etapas educativas.
Los derechos, en riesgo
La presidenta de la entidad, Carla Álvarez, ha advertido de que los derechos de las familias LGTBI y de sus hijos están amenazados por el crecimiento de la extrema derecha. Álvarez recuerda que cuando la asociación comenzó su actividad, en 2001, las familias todavía carecían de muchos de los derechos que hoy reconocen las leyes.
En la misma línea, el vicepresidente, Ramon Antonijoan, ha reivindicado la necesidad de continuar organizándose porque «ningún derecho está garantizado». También ha alertado de que lo ocurrido en otros países demuestra que los avances sociales pueden revertirse.
La entidad ha aprovechado la celebración de su 25 aniversario, con cerca de 300 participantes en Vilanova i la Geltrú, para reivindicar que la diversidad familiar no solo debe reconocerse, sino también protegerse. Su mensaje a los partidos es claro: los derechos conquistados no pueden depender de quién gobierne.
