Las personas LGTBI+ que ingresan menos de 1.000€ al mes sufren el doble de exposición al odio que aquellas con mayores recursos
La desigualdad económica agrava la vulnerabilidad del colectivo LGTBI+. Según los datos, las personas que ingresan menos de 1.000 euros mensuales sufren el doble de exposición al odio que aquellas con mayores recursos. Así lo evidencia el informe “Estado del Odio 2026”, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ a partir de una encuesta realizada por 40dB y con la colaboración del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC).
El estudio apunta además a una brecha clara en el impacto del acoso: afecta al 50% de las personas con menos ingresos, frente al 20% de quienes cuentan con una mayor estabilidad económica. A esto se suma la situación de desempleo, que incrementa el riesgo de sufrir distintas formas de violencia LGTBIfóbica.
La presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, advierte de que la precariedad “incrementa significativamente la posibilidad de ser víctima de odio”, y señala la necesidad de que las empresas apliquen las medidas legales existentes para garantizar entornos laborales seguros e inclusivos.
Miedo a represalias
Precisamente, el ámbito laboral emerge como uno de los espacios más preocupantes. Según el informe, es el lugar donde se produce un mayor porcentaje de agresiones sexuales con intimidación contra personas LGTBI+ (21%), por encima incluso de la vía pública (15%). Además, ha pasado de ser el sexto entorno con más violencia a ocupar el segundo lugar, con un 13% de los casos registrados.
La coordinadora del grupo laboral de la Federación, Meritxell Salazar, alerta de que denunciar estas situaciones resulta especialmente difícil debido a las relaciones de poder dentro de las empresas y al miedo a represalias. Esta violencia, añade, genera consecuencias graves en la salud mental de las víctimas, como ansiedad, estrés o depresión.
Ante este escenario, las organizaciones reclaman la aplicación efectiva del Real Decreto de igualdad LGTBI+ en empresas de más de 50 trabajadores, que obliga a implementar protocolos contra la discriminación, canales de denuncia confidenciales y medidas de protección. También insisten en la necesidad urgente de un pacto de Estado contra los discursos de odio, que permita frenar una violencia que afecta especialmente a quienes ya se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
