Canarias aprueba por unanimidad una Ley trans que reconoce la autodeterminación de la identidad de género
Los colectivos LGTBI+ y Trans de Canarias han advertido este miércoles a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, que buscarán en el Congreso lo mismo que han logrado en las islas, aprobar la ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.
El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la nueva Ley Trans, una norma consensuada con los colectivos LGTBI+ de las islas y que contempla la autodeterminación de la identidad y la expresión de género, y que sitúa a Canarias en la lista de comunidades autónomas que tienen una ley más avanzada que la norma estatal.
La nueva norma mejora la Ley de 2014 e incorpora las medidas necesarias para garantizar y proteger el ejercicio pleno de la libre autodeterminación del género, sin discriminación, y en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.
Esta iniciativa fue promovida como proposición de ley por todos los partidos de la Cámara (PSOE, CC-PNC, PP, Nueva Canarias, Sí Podemos, Agrupación Socialista Gomera y Ciudadanos) a instancia de los colectivos LGTBI+ y, aunque en el trámite parlamentario el grupo Popular había optado por la abstención, finalmente se ha sumado al consenso.
La despatologización de las personas trans
Las principales novedades de esta Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales radican, entre otras, en la despatologización de la realidad de las personas trans, la mejora del tratamiento administrativo de las personas de estos colectivos y la regulación de medidas de sanción e infracción.
Para acreditar la identidad de género bastará con que la persona interesada manifieste expresamente su identificación como mujer, hombre o persona no binaria, sin necesidad de informes psicológicos o médicos, según establece la nueva legislación canaria, que fija un régimen de sanciones administrativas por discriminación que pueden llegar a 45.000 euros en casos muy graves de agresión o acoso.
Además, protege el derecho de las personas trans e intersexuales a recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales o culturales por parte de la Comunidad Autónoma.
En el caso de las personas trans e intersexuales menores de edad tienen derecho a recibir de la Comunidad Autónoma protección y atención para promover el desarrollo integral de su personalidad y a recibir la atención sanitaria, educativa y social acorde a su identidad o expresión de género.
