La iniciativa de Senegal forma parte de un contexto marcado por leyes cada vez más duras contra la comunidad LGTBIQ+ en África
El Parlamento de Senegal debate una reforma legislativa que podría endurecer significativamente las penas por relaciones entre personas del mismo sexo, elevando las condenas hasta 10 años de prisión. La iniciativa, impulsada por el primer ministro Ousmane Sonko, pretende modificar el artículo 319 del Código Penal y ampliar las sanciones existentes, en un contexto de creciente presión política y social contra las personas LGTBIQ+ en el país africano. La propuesta ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten de un aumento de la persecución y la estigmatización del colectivo.
Actualmente, las relaciones entre personas del mismo sexo ya están criminalizadas en Senegal, con penas que oscilan entre uno y cinco años de cárcel. El nuevo proyecto legislativo duplicaría esas condenas hasta un rango de cinco a diez años, además de elevar las multas económicas y ampliar el alcance de la ley para castigar actividades relacionadas con la visibilidad o el apoyo a la comunidad LGTBIQ+.
La reforma se produce en medio de una fuerte presión de sectores conservadores y religiosos que exigen una legislación más dura contra la diversidad sexual. Según diferentes organizaciones y observadores internacionales, en las últimas semanas activistas y personas LGTBIQ+ han optado por esconderse o incluso abandonar el país ante el temor de una mayor persecución.
Persecución y criminalización
El caso de Senegal no es aislado. Diversos informes señalan que en los últimos años se ha producido una escalada de leyes y discursos anti-LGTBIQ+ en África, donde decenas de países mantienen legislaciones que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. El continente concentra una parte importante de los estados que penalizan la homosexualidad en el mundo, una situación que afecta directamente a la seguridad y los derechos fundamentales del colectivo.
En algunos países, las medidas son aún más duras. En Uganda, por ejemplo, una ley aprobada en 2023 contempla incluso la pena de muerte para ciertos casos definidos como “homosexualidad agravada”, mientras que en otras naciones se han introducido sanciones penales por la supuesta “promoción” de la diversidad sexual.
Violencia social, extorsión y discriminación
Frente a este panorama, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y colectivos locales advierten que estas legislaciones no solo criminalizan la orientación sexual o la identidad de género, sino que fomentan un clima de violencia social, extorsión y discriminación. En algunos casos, las leyes sirven también para legitimar detenciones arbitrarias o persecuciones contra activistas y defensores de los derechos humanos.
La retórica política y religiosa está alimentando un ambiente cada vez más hostil. Según activistas africanos, el endurecimiento legal suele ir acompañado de campañas públicas que presentan la diversidad sexual como una amenaza cultural o moral, lo que refuerza el estigma social y dificulta la defensa de los derechos humanos.
A pesar de este contexto, organizaciones de la sociedad civil continúan reclamando reformas legales que garanticen la protección del colectivo. Activistas africanos recuerdan que algunos países del continente, como Sudáfrica o Cabo Verde, sí han avanzado en el reconocimiento de derechos, lo que demuestra que otra vía es posible. El debate en Senegal, señalan, será una prueba clave para medir el rumbo que tomará la región en materia de derechos LGTBIQ+ en los próximos años.
