El 54% de los españoles no cree que la bandera LGTBIQ+ deba colgarse en edificios públicos
El arranque del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid vuelve a estar marcado por una ausencia que ya se ha convertido en patrón político: la del alcalde José Luis Martínez-Almeida. Un año más, el regidor no acudirá a los actos del MADO ni compartirá espacio con las entidades del colectivo, y tampoco colgará la bandera arcoíris del Palacio de Cibeles.
La decisión ha reactivado las críticas de PSOE y Más Madrid, pero trasciende la disputa partidista: vuelve a poner sobre la mesa hasta qué punto determinadas instituciones están optando por tomar distancia frente a una de las celebraciones políticas, sociales y culturales más importantes de la capital.
Pero no son solo algunos partidos políticos. Según el último estudio del CIS, la mayoría de españoles (un 80%) está de acuerdo con que se celebren actos reivindicativos como el Orgullo. Sin embargo, este porcentaje cambia cuando se pregunta por la bandera en los edificios públicos ya que casi un 54%, es decir, más de la mitad, no está de acuerdo.
El propio Almeida ha intentado rebajar la polémica asegurando que su “mejor forma de contribuir al Orgullo es no generar polémica ni controversia”, pero sus palabras no han hecho más que reforzar la sensación de que el Ayuntamiento del PP prefiere situarse al margen antes que asumir un respaldo visible y sin complejos al colectivo.
Polémica con los carteles
La controversia no se limita a la agenda institucional. También la cartelería oficial de esta edición ha sido objeto de críticas por una estética despersonalizada en la que, de nuevo, no aparecen cuerpos ni referentes LGTBIQ+. No es una cuestión menor. La representación importa, especialmente en un momento en que la visibilidad del colectivo vuelve a estar en disputa en distintos frentes políticos, mediáticos y culturales. Cuando desaparecen las personas de los carteles, cuando se retiran símbolos o cuando los máximos representantes públicos se ausentan sistemáticamente de las celebraciones, el mensaje que se transmite es que el Orgullo puede tolerarse como evento turístico o de consumo, pero no necesariamente asumirse como una reivindicación de derechos que merece apoyo institucional explícito.
Ese es, precisamente, uno de los debates de fondo que deja este nuevo desplante del alcalde madrileño: si el retroceso contra el colectivo LGTBIQ+ empieza a manifestarse antes en la visibilidad que en la legislación. En España no estamos asistiendo, por ahora, a una demolición generalizada de los avances legales conquistados en los últimos años, pero sí se perciben síntomas de repliegue en el terreno simbólico, cultural y discursivo. La retirada de banderas, la neutralización del lenguaje institucional, la incomodidad creciente de ciertos dirigentes para vincularse públicamente al Orgullo.
Madrid es un termómetro especialmente relevante porque el MADO no es un acontecimiento periférico ni sectorial: es una cita central en la vida de la ciudad, con impacto político, económico, turístico y cultural, y con una dimensión internacional indiscutible. El gesto de no colgar la bandera en Cibeles no es anecdótico: expresa una determinada forma de entender la neutralidad institucional, una que, en la práctica, termina invisibilizando a quienes históricamente han necesitado precisamente de esa visibilidad para conquistar derechos.
