El Congreso aprueba penalizar con hasta dos años de cárcel las ‘terapias de conversión’ para personas LGTBIQ+
El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma del Código Penal que castigará con penas de seis meses a dos años de prisión a quienes practiquen o promuevan las conocidas como ‘terapias de conversión’ dirigidas a modificar, reprimir o eliminar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de las personas LGTBIQ+.
La propuesta, impulsada por el PSOE, ha salido adelante con 178 votos a favor, 32 en contra, correspondientes a Vox, y 137 abstenciones del Partido Popular. La norma continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Senado.
La reforma incorpora un nuevo artículo al Código Penal que castigará a quienes apliquen estos métodos, incluso cuando la persona afectada haya dado su consentimiento o lo haya hecho su representante legal. El objetivo es reconocer que este tipo de prácticas suponen una vulneración de la dignidad y la integridad moral de las víctimas, independientemente de la presión familiar, social o religiosa que pueda existir detrás de esa aparente aceptación.
Hasta ahora, las terapias de conversión ya estaban prohibidas por la Ley Trans de 2023, pero únicamente como una infracción administrativa sancionable con multas. Con esta modificación pasan a considerarse un delito penal, una reclamación histórica de las asociaciones de víctimas y de las organizaciones defensoras de los derechos LGTBIQ+, que denunciaban la insuficiencia de las sanciones administrativas para erradicar estas prácticas.
Torturas
La nueva regulación contempla además agravantes cuando las víctimas sean menores de edad, exista violencia, intimidación, engaño o abuso de una posición de superioridad, o cuando los responsables pertenezcan a organizaciones dedicadas a promover estas pseudoterapias. También podrán ser castigados los progenitores, tutores o responsables legales que faciliten o permitan que menores o personas especialmente vulnerables sean sometidas a estos procedimientos, pudiendo incluso perder temporalmente la patria potestad o la tutela.
Durante el debate parlamentario, el diputado socialista Víctor Gutiérrez defendió que las llamadas terapias de conversión «no son terapias, sino torturas«, una definición alineada con la posición mantenida por Naciones Unidas. Frente a ello, Vox rechazó la reforma alegando que supone un ataque a la libertad individual, mientras que el PP optó por abstenerse al considerar que el texto presenta inseguridad jurídica y anunció que intentará introducir modificaciones durante su tramitación en el Senado.
Reparar a las víctimas
Varias víctimas de estas prácticas siguieron el debate desde la tribuna del Congreso. Entre ellas se encontraba Xavi Martínez Cal, que denunció haber sufrido durante cuatro años estos métodos dentro de una organización de inspiración religiosa. Tras la votación, defendió que la reforma era imprescindible porque las sanciones administrativas no estaban protegiendo de forma efectiva a quienes sufrían este tipo de violencia.
Las entidades LGTBIQ+ celebraron la aprobación como un avance histórico, aunque reclamaron que el texto incorpore también medidas de reparación y apoyo integral para las víctimas. Organizaciones como No es terapia y la Federación Estatal LGTBI+ consideran que la criminalización de estas prácticas supone un paso decisivo para reconocer el daño causado y reforzar la protección de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+ en España.
