GAYLES.TV.- “Todo para el pueblo pero sin el pueblo” o “Todo por el pueblo sin el pueblo” son frases que se han atribuido a Luis XIV y a Federico II de Prusia, ni los historiadores acaban de ponerse de acuerdo, ni importa demasiado para lo que queremos contar hoy aquí. Lo que sí queda claro es que ese lema es un paradigma de lo que se conoció como “despotismo ilustrado” que equivale a “yo tengo el poder, yo mando, yo sé lo que le conviene al pueblo, yo voy de generoso con el pueblo, pero no cuento con el pueblo a la hora de tomar decisiones sobre lo que más le conviene”.
Pues bien, eso es exactamente lo que ha hecho Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid en relación a temas que afectan muy directamente al colectivo transexual. Y es que el pasado martes el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobaba un borrador de leyes para dar a las personas transexuales parte de los derechos que les pertenecen según e
l compromiso adquirido por Cifuentes.
En su página web la Comunidad de Madrid adelantaba algunos puntos de la propuesta pillando por sorpresa tanto a la oposición como a las asociaciones LGTBI ya que en ningún momento se había consultado ni contado con las aportaciones de los propios interesados. El hecho ha sido ampliamente criticado por diversos colectivos LGTBI que esperaban ser partícipes de la elaboración de esas leyes del mismo modo que se ha hecho en otras comunidades autónomas con anterioridad.
Si bien es cierto que lo publicado en la web de la Comunidad contiene un parágrafo que afirma que “El anteproyecto de Ley de Identidad de Género que responde a una antigua demanda del movimiento asociativo LGTBI, pasará por un amplio proceso de concertación y de diálogo con profesionales especializados, entidades del sector, administraciones públicas y partidos políticos, con el fin de alcanzar el máximo consenso posible”. La cuestión sería, de ser así ¿por qué no han consultado antes de ponerse a redactar?
Por otro lado estaría la cuestión de que la propia Cifuentes votó en contra de la propuesta de ley integral de transexualidad que en su día presentó la oposición socialista. Este hecho ha contribuido a aumentar las suspicacias respecto a la propuesta de la presidenta que no sólo decide en solitario de modo paternalista qué es lo que más conviene a las personas transexuales, sino que muy probablemente lo hace contra sus propias convicciones.
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