Una quincena de asociaciones denuncian una operación de pinkwashing del Gobierno valenciano mientras se desmantelan servicios clave para el colectivo
Una quincena de entidades LGTBIQ+ han anunciado su “rechazo frontal” a la Gala de la Diversidad organizada este martes por el Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca. El acto, impulsado desde la vicepresidencia que dirige Susana Camarero, ha sido duramente criticado por el movimiento LGTBIQ+, que lo considera una estrategia de pinkwashing destinada a maquillar una agenda política marcada por los recortes en derechos y servicios públicos.
Según denunciaron las asociaciones en un comunicado conjunto, la gala responde a una voluntad explícita del Consell de “desapropiar a la izquierda del monopolio simbólico de la diversidad”, una estrategia revelada por documentación interna adelantada por elDiario.es. Para las entidades, esta instrumentalización de la diversidad supone convertirla en un mero producto de márquetin institucional, vaciado de contenido político y desligado de la defensa real de los derechos LGTBIQ+, especialmente de las personas trans.
El comunicado es contundente: “Ninguna gala, ningún acto simbólico ni ninguna escenografía puede ocultar el recorte de derechos que este mismo Gobierno ha impulsado y que el movimiento LGTBIAQ+ hemos conseguido llevar ante el Tribunal Constitucional”. Las asociaciones recuerdan que las reformas legales promovidas por el Consell vulneran la protección de las personas LGTBIQ+y afectan de forma especialmente grave a las personas trans, uno de los colectivos más expuestos a la discriminación.
“Ningún acto simbólico tapa los recortes de derechos”
La crítica se intensifica al conocerse los premios que se entregarán en la gala. Tal como adelantó este diario, el Consell reconocerá a la Federación de Asociaciones Venezolanas, a la Federación de Empresas Chinas de la Comunitat Valenciana y a la conocida discoteca Deseo 54. Para las entidades LGTBIQ+, estos galardones confirman que el objetivo del evento no es fortalecer el tejido asociativo del colectivo ni reconocer décadas de lucha activista, sino proyectar una imagen amable y despolitizada de la diversidad.
“Este enfoque sustituye la voz crítica del activismo por un modelo de diversidad corporativa, controlada y compatible con políticas regresivas”, alertan. En la misma línea, denuncian el cierre del servicio Orienta en Alicante, un recurso esencial de atención jurídica, psicológica y social cuya desaparición deja a muchas personas LGTBIQ+ sin acompañamiento institucional.
Las asociaciones concluyen que no se puede recortar derechos y servicios por un lado y, por otro, organizar galas para lavar la imagen del Gobierno. Para el movimiento LGTBIQ+ valenciano, la diversidad no es un decorado ni un premio: es una lucha política y social que exige compromisos reales, recursos públicos y el respeto efectivo de los derechos humanos.
