España se encuentra entre los seis Estados miembros de la ONU que han adoptado leyes que protegen contra el acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales
Solo uno de cada cinco países del mundo cuenta con leyes específicas de protección para los estudiantes LGTBIQ+, denuncia ILGA Mundo. Además, según los datos de la federación mundial, exclusivamente seis miembros de la ONU (donde se incluyen 193 países) tienen desarrolladas normas de protección integral ante el acoso por estas cuatro categorías: orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. España es uno de ellos, al igual que Portugal, Grecia, Países Bajos, Finlandia y Andorra.
Alrededor de 40 países contemplan en sus países la protección en al menos uno de esos cuatro supuestos, lo que deja todavía un 80% de Estados en el mundo sin protección para los jóvenes LGTBIQ+ en ninguno de los casos, concluye ILGA. Por regiones, Europa y Latinoamérica destacan en la protección contra este tipo de acoso escolar, mientras que no existen iniciativas de este tipo en Estados Unidos o Canadá y apenas en continentes como África o Asia (con excepciones como Sudáfrica, India, Filipinas, Pakistán o Taiwán).
Secuelas
“Si los Estados se toman en serio su deseo de crear un futuro más próspero económicamente para todos, deben saber que su inacción es perjudicial no solo para las personas LGTBIQ+, sino para la sociedad en su conjunto”, subrayó al dar a conocer las cifras el director de programas de ILGA, Gurchaten Sandhu. En su opinión, el acoso escolar no sólo perjudica la salud mental del alumnado LGTBIQ+ sino que reduce sus perspectivas académicas y laborales, mientras que sus secuelas aumentan los costos sanitarios y de asistencia social.
El informe de ILGA detalla que algunas jurisdicciones nacionales han incluido el acoso por motivos de orientación sexual u otros relacionados en leyes que protegen específicamente a la niñez como grupo, y en un caso, el de Francia, lo castigan hasta con penas de prisión.
Según Curro Peña, consultor de investigación de ILGA, en muchas leyes sobre esta problemática se entiende el acoso escolar como una forma muy particular de violencia al tener a los jóvenes no sólo entre las víctimas sino también como principales autores. Por ello, explicó, con frecuencia se recurre a enfoques pedagógicos, sin sanciones penales, para educar a los acosadores, dando también alguna forma de reparación a las víctimas dentro del sistema escolar.
Medidas protectoras
ILGA subraya que incluso en un contexto global actual “en el que fuerzas reaccionarias han convertido las vías educativas en campos de batalla”, hay Estados miembros que siguen adoptando medidas concretas para proteger a los jóvenes LGTBIQ+ del acoso sexual. En este sentido cita recientes progresos legislativos en lugares como Chile, Estonia, Ucrania o Brasil, país este último donde el Supremo Tribunal Federal dictaminó que las autoridades educativas deben prevenir y abordar el acoso escolar como parte de su obligación de garantizar una educación sin discriminación para todos.
“Animamos a más Estados a seguir estos prometedores caminos”, señalaron las cosecretarias generales de ILGA, Kimberly Frost y Yuri Guaiana, quienes advirtieron que “hoy en día, unas pocas personas poderosas avivan las divisiones entre nosotros y bloquean el trabajo para garantizar escuelas seguras y acogedoras”.
