El Gobierno madrileño deja sin efectos prácticos las leyes LGTBI y Trans autonómicas aprobadas en 2016
Coincidiendo con el sorteo de la Lotería de la Navidad el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se prepara para sacar adelante tres normas polémicas. Se trata de las reformas de las leyes autonómicas Trans y LGTBI, que suponen el primer retroceso en materia de derechos para este colectivo, y una ley ómnibus -que denominan como “ley de eficacia”– y con la que Ayuso busca intensificar el control sobre Telemadrid y sobre el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, dos organismos independientes encargados de la fiscalización de la gestión y el gasto públicos de la Comunidad de Madrid.
El PP insiste en que se trata de solo una modificación de las dos leyes, pero en la práctica supone su derogación. A la Ley LGTBI la vacían de contenido y a la Ley Trans le arrebatan su pilar fundamental: desaparece de la norma el concepto de “autodeterminación de género” o “identificación de género libremente manifestada”.
En lo práctico, los documentos autonómicos (la tarjeta sanitaria, el abono transporte o el carnet de la biblioteca) ya no se corresponderán con la identidad de género propia, sino con el sexo legal registrado en el DNI.
La norma nueva dice también que en los colegios, si se realizan actividades diferenciadas por sexo, “se garantizarán las necesidades del alumno transexual, sin menoscabo de los derechos y la intimidad de los demás alumnos, especialmente de las chicas”. Es decir, el uso de los vestuarios masculino o feminino queda al criterio libre del responsable de los menores en ese momento.
Desaparece el plan contra el acoso a menores LGTBI
Además, se elimina el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI en los colegios, salen de los planes de estudio todos los contenidos dirigidos a mostrar la realidad LGTBI y la formación de los profesores en esta materia. Los medios de comunicación públicos no tendrán que contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual y la Comunidad no proporcionará medios a los Ayuntamientos para ofrecer programas destinados a este colectivo.
Las asociaciones que defienden los derechos de las personas LGTBI advierten que el texto propuesto por el gobierno de Ayuso supone un borrado de las personas del colectivo y un grave retroceso en la protección y reconocimiento de los mismos.
Desde COGAM, el Colectivo LGTB+ de Madrid, aseguran que con esta reforma el PP ha asumido definitivamente el argumentario de la ultraderecha, retirando, entre otras cosas, la inversión de la carga de la prueba, un instrumento que aseguran ha sido validado por varias sentencias judiciales. “En la reforma que ha presentado el PP se está derogando la autodeterminación de género, se está hablando de condición transexual que es un término muy patologizante”, afirma su presidente, Ronny de la Cruz.
Colectivos trans y LGTBI piden el despligue de la ley trans al año de su aprobación
Los colectivos LGTBI y trans que impulsaron la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI han reclamado al Gobierno el despliegue completo de la norma cuando se cumple un año de su aprobación.
La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Fundación Triángulo y la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis consideran que “es más necesario hoy que nunca el despliegue completo de esta ley en sus diversos aspectos, registrales, administrativos, estratégicos, educativos, sanitarios o laborales para frenar el odio”.
Ante los intentos de PP y Vox de tratar de eliminar los derechos del colectivo LGTBI+ en los ayuntamientos y comunidades autónomas que gobiernan, los colectivos subrayan que la ley trans “es un límite estatal claro y para ello debe reglamentarse, desarrollarse e implementarse a máximos, para servir de dique de contención ante los discursos y políticas del odio que están promoviendo esos partidos”.
Como ejemplos de esas “políticas de odio” señalan la censura de libros y obras de teatro con contenido LGTBI+, impedir poner la bandera LGTBI+ en los consistorios, la eliminación de las subvenciones o la intención de la Comunidad de Madrid de “mutilar” las leyes autonómicas que afectan a los derechos de estos colectivos.
