El Congreso de Guatemala archiva la ley que prohibía el matrimonio igualitario, la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas y elevaba las penas por aborto
El Congreso de Guatemala ha archivado el polémico proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que elevaba las penas por abortar y prohibía el matrimonio homosexual en el país. Con 119 votos a favor de que fuera archivada, el Congreso no dio paso a la medida, que ha sido duramente criticada por diversos sectores sociales, que consideraban que atentaba contra los derechos de los ciudadanos.
La iniciativa 5272 es un documento que tiene 21 artículos y que fue planeado desde el año 2017, aunque, se convirtió en ley cinco años después. Su nombre es “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”. Diversos organismos como Amnistía Internacional calificaron esta nueva ley como una “grave amenaza para las vidas de las mujeres y las personas LGBTI”.
El pasado 11 de marzo, el Mandatario solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, al considerar que violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala. El martes 15 de marzo, finalmente, el proyecto legislativo fue archivado sin debate alguno entre el oficialismo y la oposición.
Inconstitucional
La ley archivada elevaba la pena de prisión de tres a diez años a las mujeres que cometieran abortos, sin excepción a los abortos espontáneos. La norma también ampliaba las penas a médicos y a aquellos que facilitaran la interrupción del embarazo y la aumentaba hasta 50 años de cárcel si se practicaba un aborto sin consentimiento y en consecuencia la madre fallecía, delito que antes tenía una condena a 12 años de prisión.
La normativa también prohibía el matrimonio homosexual y restringía las clases sobre educación sexual en los colegios, especialmente sobre diversidad sexual. Partidos opositores y organizaciones feministas y de Derechos Humanos han alertado de que la aplicación de la ley podría llevar a la criminalización de los abortos espontáneos y aumentar el riesgo de crímenes de odio contra personas de diferente orientación sexual.
