La ECRI pide que España garantice la atención médica a las personas trans y la protección para los intersexuales
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), en sus siglas en inglés), órgano del Consejo de Europa, instó a España en un informe, publicado este jueves, a luchar contra los discursos de odio, que afectan a comunidades vulnerables como los migrantes o las personas LGTBIQ+.
El informe sobre España reconoce avances significativos en la lucha contra el racismo y la discriminación, como la aprobación de la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato, la Ley LGTBI de 2023, la creación de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y la figura del Fiscal Coordinador de Delitos de Odio y contra la Discriminación.
No obstante, la ECRI advierte de que persisten graves desafíos, entre ellos la demora en la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, el aumento del discurso de odio, especialmente en redes sociales y en la política; y la discriminación persistente hacia personas gitanas, migrantes, musulmanas, judías y LGTBIQ+.
Discriminación en la vida diaria
Entre otras cosas, este organismo europeo llama la atención a las autoridades españolas porque las personas LGBTIQ+ “se siguen enfrentando a la discriminación en su vida diaria”. La ECRI pide que se intensifiquen los esfuerzos para garantizar que las personas trans tengan acceso seguro y asequible a los tratamientos necesarios para la afirmación de género. Según este organismo hay una clara insuficiencia de centros especializados y tiempos de espera que pueden extenderse a varios años para tratamientos complejos, especialmente quirúrgicos.
El PP y Vox se han lanzado en varias comunidades autónomas a modificar leyes contra la homofobia: en Valencia, PP y Vox recortaron la Ley trans permitiendo que las terapias de conversión sean voluntarias y que los padres puedan vetar contenidos sobre identidad de género en las escuelas, mientras que en Catalunya el PP apoyó una propuesta registrada por Vox en el Parlament que reclama la derogación de la ley catalana contra la homofobia, además de toda la legislación estatal y autonómica derivada de la “ideología de género y woke”.
Protocolo intersex
La ECRI también pide “intensificar” los esfuerzos para proteger los derechos humanos de las personas intersexuales (aquellas que nacen con características sexuales que no encajan en el binarismo hombre-mujer, y que representan entre el 1 y 2% de la población). Concretamente, considera que se debe garantizar que “todas las comunidades autónomas dispongan de protocolos para su atención sanitaria, basados en su derecho a la integridad física y a la diversidad”, así como que los profesionales sanitarios reciban una “formación adecuada” sobre los protocolos y que las personas intersexuales y sus familias “puedan acceder fácilmente a un asesoramiento adecuado”.
Justamente, esta semana la Federación Estatal LGTBI+ ha denunciado que España es el segundo país de la UE con más agresiones físicas o sexuales contra personas intersex: 4 de cada 10 han sufrido este tipo de violencias en los últimos cinco años.
