La fiscal general de Estados Unidos considera las cirugías de afirmación de género como una «mutilación química y quirúrgica«
Continúa la ofensiva de la administración Trump contra las personas trans. Ahora, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha ordenado a los trabajadores del Departamento de Justicia que cumplan las directrices de la administración del presidente Donald Trump contra las cirugías de afirmación de género en el caso de los menores.
Trump y su entorno consideran estas intervenciones como una «mutilación química y quirúrgica» ante la que instan a «proteger» a los menores, tal como oficializó el presidente republicano en una orden ejecutiva firmada en enero en la que se estableció que Estados Unidos no las patrocinará, apoyará ni promoverá.
Hasta 10 años de cárcel
Bondi ha enviado un memorando a los empleados de la Justicia estadounidense instando a seguir la doctrina Trump y así «hacer cumplir protecciones rigurosas y responsabilizar a quienes se aprovechan de niños vulnerables y sus padres«. «Es un delito grave realizar, intentar realizar o conspirar para realizar mutilación genital femenina a menores de 18 años«, afirma el documento, que además precisa que los médicos que incurran en estas prácticas podrían afrontar penas de hasta 10 años de cárcel.
De igual manera, el Departamento de Justicia ha solicitado investigar si los fabricantes y distribuidores de bloqueadores de la pubertad y hormonas sexuales han incurrido en publicidad engañosa.
Solo reconoce el sexo biológico
La orden ejecutiva firmada por Trump, titulada “Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurando la verdad biológica en el gobierno federal“, establece que el gobierno federal solo reconocerá el sexo biológico asignado al nacer, eliminando el reconocimiento de identidades de género diversas en documentos oficiales y programas federales.
Entre las iniciativas que propone este texto, la promoción de nueva legislación en este sentido, cortar la financiación a los centros que realicen estas prácticas, crear una coalición estatal y federal contra la «mutilación infantil» y para investigar médicos y farmacéuticas que «engañan» sobre las cirugías de afirmación de género.
Asimismo, también se contempla la posibilidad de que los padres de los menores puedan demandar retroactivamente a los médicos que habrían practicado cirugías de reafirmación de género.
