La orden de Trump puede afectar a más de 4.200 personas trans que están actualmente sirviendo en el Ejército
Las ordenes que el presidente Donald Trump firmó al inicio de su mandato tras volver al poder en la Casa Blanca ya tienen consecuencias reales. La Corte Suprema de Estados Unidos ha avalado la entrada en vigor de la prohibición de Trump contra la presencia de personas trans en el ejército. La decisión supone la expulsión de cientos de soldados actualmente en servicio.
El fallo, que no resuelve el fondo del asunto pero levanta el bloqueo impuesto por el juez federal, Benjamin Settle, representa un nuevo golpe a los derechos trans en la segunda Administración Trump. La prohibición se ha aprobado por una mayoría conservadora de seis votos a favor y tres en contra, con los jueces liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en disenso público.
Settle había declarado que el veto violaba la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza la igualdad de protección ante la ley. Sin embargo, la Corte Suprema ha permitido que el veto se aplique mientras continúe el proceso judicial. Trump revirtió en enero la política de su antecesor, Joe Biden, que permitía a las personas trans servir abiertamente. Su nueva orden sostiene que la identidad de género es una «falsedad» incompatible con los valores militares.
Las personas trans en el punto de mira de Trump
En el caso de la orden que incumbe la resolución del alto tribunal, Trump patologizaba a las personas trans y trataba su existencia como una condición mental. “El servicio militar debe reservarse para quienes estén mental y físicamente aptos para el deber”, escribía el mandatario, tirando por tierra años de lucha para acabar con el estigma que sufre el colectivo. No fue hasta 2018 que la OMS dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental.
El decreto estigmatiza a las personas trans y cita la premisa del departamento de Defensa que establece que los miembros del ejército deben “estar libres de cualquier condición médica o defectos físicos que pueda esperarse razonable que se espera un tiempo excesivo fuera del deber por un tratamiento u hospitalización”. La respuesta de emergencia del Supremo, en cierto modo, avala la cruzada de Trump contra las personas trans y da el visto bueno a una visión estigmatizante sobre su existencia.
Este caso se suma a otras medidas de Trump contra los derechos trans, como eliminar el reconocimiento federal de identidades de género distintas al sexo asignado al nacer, vetar fondos para tratamientos médicos de transición y prohibir la participación de mujeres trans en deportes femeninos. La Corte Suprema se pronunciará antes de fin de junio sobre otro caso clave: la legalidad de una ley en Tennessee que prohíbe cuidados médicos de afirmación de género a menores trans.
