El auto sostiene que no se ha aportado prueba alguna de que el contenido de los libros «atente contra los derechos humanos»
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castelló ha levantado la polémica medida cautelar dictada por la magistrada en sustitución ordinaria que ordenaba el secuestro cautelar de una treintena de libros de temática LGTBI.
Tras analizar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal, el magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada «tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana«.
Según recoge la resolución, que puede ser recurrida en apelación, «no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal«, así como tampoco «de que el contenido de los materiales (libros donados) atente contra los derechos humanos«.
«No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno (…). Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares«, agrega el auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Retirada de libros en Castelló
El pasado 15 de octubre, el juzgado de lo Contencioso número uno de Castelló admitió las medidas cautelarísimas solicitadas por la ultraconservadora Fundación Española de Abogados Cristianos, obligando al Consistorio de la localidad a retirar los libros de once institutos y un centro público.
El Ayuntamiento de Castelló alegó que la donación de este material, destinado tanto a los alumnos de Secundaria y Bachillerato como a formación del profesorado, «no comporta ninguna vulneración de los derechos fundamentales«, ya que se trata de material «legal, que puede ser adquirido por cualquier persona» en una librería.
La decisión inicial de la jueza escandalizó a los colectivos LGTBI e incluso la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, recomendó la lectura de los libros e indicó a la magistrada que la ley autonómica obliga a incluir en los centros docentes materiales para combatir la LGTBIfobia.
Vox fue la única formación política que aplaudió la polémica medida cautelar. La Fundación de Abogados Cristianos criticaba que la campaña municipal pretendía introducir la «ideología de género» en los centros docentes. Esta fundación ultraconservadora ya ha anunciado en un comunicado que recurrirá la decisión del juzgado. Su presidenta, Apolonia Castellanos, ha señalado que el juez, en este auto, «desoye el informe del Ministerio Fiscal«.
