EDITORIAL.- Todas las sociedades humanas delimitan el momento en que un ser humano es autónomo y responsable de sus actos, es decir, asume el poder y el control sobre su propia vida. Es la mayoría de edad. Otra cosa sería como se organizan esas sociedades para regular la convivencia, el poder en ese caso debería ser una delegación que hacemos sobre un grupo de individuos para que administren y regulen los recursos y posibiliten la vida en común. Eso es la política.
El político representa los intereses de toda la sociedad, su obligación es preservar los derechos de absolutamente toda la ciudadanía y en la medida de sus posibilidades, mejorar las condiciones de vida para todo el mundo. Lo que nunca se debería hacer en política es usurpar la capacidad de decidir de las personas, apropiarse de sus recursos, decidir contra la voluntad de los representados, en definitiva tratarnos como súbditos en lugar de lo que somos, los auténticos dueños de nuestra realidad.
Hoy en Groenlandia se ha hecho buen uso de la política y 57.000 ciudadanos han visto reconocido el derecho al matrimonio igualitario de manera unánime por parte de sus representantes. Pero no siempre es así.
El colectivo LGTBI, como parte de la sociedad, tiene todo el derecho a exigir de la clase política que avale y apoye las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de todos sus derechos en igualdad al resto de la población. De ahí que la postura de la Canciller alemana Angela Merkel negándose rotundamente a aceptar el matrimonio igualitario, provoque las protestas de gais y lesbianas en Alemania. Indigna especialmente el empecinamiento de Merkel en un momento en que su ministro de Justicia, el socialdemócrata Heiko Maas presentará una reforma que da mayores ventajas a las uniones del mismo sexo para equipararlas en obligaciones y derechos.
Pero la dependencia del poder tiene otras caras y así, ante el triunfo del “SI” al matrimonio igualitario en el referéndum irlandés, se han alzado muchas voces críticas sobre el hecho de que personas con diferentes opciones sexuales deban decidir sobre nuestros legítimos derechos. Con todo, el Vaticano, a través de su Secretario de Estado, Pietro Parolin ha puesto el grito en el cielo afirmando que, “No solo se puede hablar de una derrota de los principios cristianos, sino de una derrota de la humanidad”. Está claro que la Iglesia no parece dispuesta a modificar su postura frente a las personas LGTBI.
La conclusión a la que llegamos es que parece que todo el mundo tiene derecho a hablar y decidir sobre nuestra vida y derechos, cuando deberíamos ser gais, lesbianas, bisexuales y transexuales quienes nos empoderáramos, quienes interiorizáramos el legítimo derecho a ser y disfrutar de las mismas condiciones de vida que el resto de ciudadanos. De lo contrario seguiremos siendo eternamente menores de edad y serán otros, generación tras generación, quienes decidan como podemos o no podemos vivir.
Editorial Gayles.tv
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