El Constitucional anula las limitaciones que la Comunidad de Madrid introdujo en la capacidad de actuación de las asociaciones LGTBI
El Tribunal Constitucional ha eliminado la parte de la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid que limitaba la capacidad de las asociaciones para, por ejemplo, defender a una víctima de delito de odio en un proceso penal. Por esta vez, las tretas judiciales del PP y Ayuso para socavar los derechos LGTBI, no han funcionado.
El pleno, cerca de la unanimidad y con un voto en contra, estima el recurso del Gobierno central contra el artículo de la norma del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que establecía cuándo las asociaciones y organizaciones del colectivo podían representar a víctimas o perjudicados en procesos penales o sancionadores. Esta parte de la ley, como sucede con varios artículos de la ley Trans de la Comunidad de Madrid, llevaba supendida cautelarmente desde mediados del pasado mes de julio.
Inconstitucional y nula
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, concluye que la regla impugnada es inconstitucional y nula por invadir las competencias exclusivas del Estado. El tribunal de garantías estima el recurso del Gobierno central y elimina por invasión de competencias el artículo que impedía a las organizaciones LGTBI personarse en causas penales o sobre sanciones para defender a víctimas de delitos de odio.
En la práctica impedía, por ejemplo, que una asociación del colectivo se personara como acusación popular en un caso de agresión por motivos de odio. Procesos legales en los que, en ocasiones, las víctimas han acudido a los tribunales asesoradas por los propios colectivos que colaboran con la Policía Nacional.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado que «el Tribunal Constitucional ha puesto punto y final al intento de recorte de los derechos de las personas LGTBI que pretendía la señora Ayuso y el PP«.
