La orientación sexual y la identidad de género son el principal motivo de las sentencias por delitos de odio
Las condenas por odio contra el colectivo LGTBI han aumentado en 2022 un 25% respecto al año anterior, según la Memoria Anual de la Fiscalía presentada la semana pasada. Las condenas por odio contra las personas LGTBI.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quiso remarcar su preocupación por este crecimiento en la presentación del año judicial que tuvo lugar el pasado jueves. “La memoria de la Fiscalía alerta del auge de los delitos motivados por la LGTBIfobia, que ocupan el primer lugar en las condenas por delitos de odio y discriminación, seguidos por el racismo y la xenofobia”, declaró.
La tendencia al alza en este tipo de delitos se disparó en 2021. Así, de los 169 hechos conocidos en 2015, bien por medio de denuncia o de actuación policial, se pasó a 466 hace dos años, lo que supone un aumento del 175%, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. En 2022 hubo una ligera bajada y se registraron 459.
Doble lectura
Estas cifras permiten una doble lectura, según comenta el fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ya que puede deberse o bien a que hay un mayor número de denuncias, o bien a que los delitos de este tipo han aumentado. “Las campañas de sensibilización facilitan que las víctimas vayan denunciando, pero puede ser también que realmente haya un incremento de hechos en la calle. No descarto que sea una suma de ambas circunstancias”, expone el fiscal.
Los colectivos en defensa de las personas LGTBI coinciden en que el motivo principal de este aumento es la proliferación de los discursos de odio. “La extrema derecha nos pone al nivel de los enfermos, de pederastas y nos acusa de influir en la orientación sexual de las criaturas, y esto provoca que otras personas con menos filtros acaben actuando, como en el caso de Samuel”, argumenta Fran Fernández, coordinador general del colectivo Lambda, en alusión al asesinato de Samuel Luiz.
La Fiscalía advierte en su Memoria Anual de “las dificultades para tener un control efectivo y poder realizar la contabilización y seguimiento de las denuncias por delitos de odio”, ya que los datos no siempre llegan homogeneizados de las comunidades. Por ello, el fiscal Aguilar se compromete a impulsar un recuento unificado en los próximos meses o en el próximo año, tal y como se exige en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, publicada en el Boletín Oficial del Estado en julio de 2022. “Es necesario poner cifras al sufrimiento”, comenta Aguilar.
