EDITORIAL GAYLES.TV.- La sentencia leída “in voce” por el magistrado encargado de juzgar a los responsables de la muerte de Juan Andrés Benítez el 6 de octubre del 2013 ha abierto una brecha de confianza en el proceso judicial que se ha seguido y la sospecha bastante fundada de que estamos ante un caso de impunidad policial disfrazada de argumentos jurídicos.
Recordemos que Benítez era un empresario gay barcelonés que la noche de ese fatídico día discutió con un vecino, hecho que provocó la presencia de agentes del cuerpo de mossos d’esquadra de la Generalitat. El resultado de la violenta reducción policial de Benítez fue la muerte de éste tras sufrir la brutalidad de los agentes durante un tiempo desmesurado que según la sentencia pudo llegar a ser de 12 minutos.
La familia de la víctima será indemnizada con 150.000 euros. El pacto alcanzado por las partes ha supuesto la aceptación de los acusados de la propuesta de la fiscalía y las acusaciones particular y popular. Según el acuerdo 6 mossos se han declarado culpables de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la integridad moral, lo que les supone una pena de prisión de 2 años que no cumplirán, además de otras medidas de inhabilitación, suspensión de empleo y sueldo durante el periodo de vigencia de la pena, prohibición de patrullar por el barrio del Raval, donde se produjeron los hechos y la asistencia a un curso de derechos humanos. Eso sí, con la condición de no cometer delito alguno durante un tiempo. Vamos, que linchan a un ciudadano hasta la muerte y se van de rositas con un “sed buenos y leeros la declaración de derechos humanos para que no se os vuelva a ir la mano”.
En la sentencia se puede leer que los mossos dieron puñetazos, patadas, golpes de porra y rodillazos a Benítez, sujetándolo “de forma excesiva, desproporcionada, tanto en la duración temporal, que pudo ser superior a los 12 minutos, el número de mossos intervinientes –hasta ocho- así como en la fuerza física ejercida sobre la víctima”. Todo ello provocó un estado de inconciencia y posterior parada cardiorrespiratoria. Pero es que además dos agentes han sido condenados por obstrucción a la justicia con 3 meses de arresto. Uno de ellos por intentar limpiar la mancha de sangre dejada por Benítez en el suelo a base de cubos de agua y otro por interrogar al vecindario sobre si habían grabado la agresión con el móvil y, en lugar de requisarlo como prueba, obligar a la mujer propietaria del teléfono a borrar la grabación en presencian del agente. Vamos, una conducta ejemplar.
Pero lo peor es que con ese acuerdo los agentes evitan el juicio, con jurado popular por cierto y depositan sobre el cadáver de Benítez un manto de silencio y la imposibilidad de que las muchas dudas que se ciernen sobre lo que a las claras fue un linchamiento homófobo, puedan ser despejadas algún día. Así que nunca sabremos cuántos vecinos ocultan imágenes de lo sucedido por miedo a las represalias. Tampoco aclararemos si es cierto que se impidió la intervención del personal sanitario que acudió a socorrer a Benítez. Ninguna sala de vista oirá la declaración de un hombre que asegura que en medio del barullo y los gemidos de Juan Andrés oyó “¡maricón, te vamos a matar!”. Eso sin entrar en la posterior manipulación de los hechos con cuestiones como que la familia no fuera avisada del fallecimiento hasta pasados 2 días, que no ha podido aclararse si Benítez murió en la calle o en urgencias del Hospital Clínico o que a su propia hermana se le impidiera ver el cadáver hasta pasada una semana.
Nada, no sabremos nada y nadie pagará realmente por nada. Leguleyos y políticos intentarán contentar las conciencias con su jerga de estrado y mitra mientras en la calle los vecinos de Juan Andrés seguirán clamando justicia al grito de “impunidad policial” por “un maricón” muerto a palos.
Fuente: El Periodico
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