Represión en Rusia: buscar en Internet «oposición«, «censura» o «gay» puede llevar a prisión
El gobierno ruso cada vez aplica más medidas represivas. Buscar en Google «LGTBIQ+» o «Navalni«, proscribir el sanatismo o bloquear las llamadas de WhatsApp para forzar a los ciudadanos a utilizar su software espía, son algunas de las últimas iniciativas de Rusia. Las nuevas leyes del Kremlin han sido redactadas de forma vaga para ser empleadas de forma arbitraria por sus fuerzas de seguridad.
Desde el pasado lunes 1 de septiembre, entra en vigor un nuevo delito bajo el título «buscar material manifiestamente extremista y acceder a él». En principio, la normativa solo prevé multas de hasta 5.000 rublos -53 euros-, aunque la experiencia apunta que la ley puede empezar siendo suave e ir en aumento.
En Rusia hay 5.500 artículos y organizaciones que están declaradas como extremistas por el gobierno, desde el «movimiento internacional LGTB«, a la organización del líder opositor Alekséi Navalni o Greenpeace. Además, también consideran extremistas las redes sociales más utilizadas como Instagram y Facebook.
Legislación represiva
Uno de los impulsores de la ley, el senador Artiom Sheikin, ha prometido que acceder a estas plataformas mediante una VPN no será castigado. «Existen dos interpretaciones de esta ley«, ha detallado Anísimov. «Una se limitaría a estos artículos en concreto, pero la otra se extiende a la búsqueda de cualquier contenido que promueva o justifique la actividad extremista. La vaguedad de su redacción hace que las fuerzas de seguridad pueden usar esta prohibición como más les convenga«, ha añadido.
El portavoz de OVD-Info, esta ley es «un ejemplo perfecto de la legislación represiva en Rusia«. «Puede ser utilizada contra cualquier persona con finalidades políticas, aunque no se aplica masivamente. Se usa en casos puntuales con severidad para intimidar los otros«.
Los ciudadanos etiquetados como agentes extranjeros tendrán prohibido participar en cualquier actividad divulgadora y educativa. Como resultado, las librerías que se atrevan a distribuir sus obras perderán todas las ayudas estatales y tendrán vetada la venta de libros a colegios y bibliotecas. Esta proscripción ha provocado que los libreros intenten deshacerse de estas obras con descuentos del 20% al 50% estos días.
Espionaje a los ciudadanos
La nueva ley permite a las fuerzas de seguridad tener acceso a las búsquedas de la población gracias a las operadoras de telecomunicaciones y las plataformas de servicios rusas. El Google ruso y Yandez ya han sido condenadas por negarse a dar acceso al FSB al sistema de altavoces inteligentes doméstico de un usuario. Las autoridades rusas trabajan para mejorar el espionaje a sus ciudadanos. Desde este verano las llamadas de WhatsApp y Telegram ya están bloqueadas y desde este lunes todos los dispositivos tendrán que tener instalado el servicio de mensajería promovido por el gobierno ruso, Max. A partir de ahora vendrá instalado, ya que todas las gestiones administrativas, así como chats de colegios y empresas han sido gestionadas por esta plataforma, así el gobierno tendrá acceso a todos los contactos y documentos del teléfono.
Además, también estará prohibido dar a conocer servicios VPN que no sean aprobados por Roskomnadzor, el organismo vigilante de internet. Las VPN proscritas pueden ocultar la navegación del usuario en ojos del FSB, y desde ahora su uso será considerado una agravante en las condenas.
Las restricciones también llegan a las escuelas con el inicio del nuevo curso escolar. Los colegios reducirán sus horas lectivas de idiomas extranjeros mientras aumentan los contenidos sobre la invasión de Ucrania y sus «glorias militares«. La asignatura Conversación sobre lo importante, se extenderá también por primera vez a los jardines de infancia. En ella se enseña a morir por la patria y se enaltecen los supuestos «valores tradicionales» que Putin dice defender frente de «la decadencia» de Occidente.
Presos políticos
El primer ministro ruso, Mikhaïl Mixustin, ha anunciado la salida del país del convenio europeo para la prevención de la tortura. Gracias a este tratado, Moscú el acceso de una comisión independiente a sus prisiones e instituciones psiquiátricas hasta al inicio de la invasión de Ucrania. La decisión llega después de que se haya anunciado la construcción de 11 nuevos centros de detención preventiva y que Moscú haya triplicado el presupuesto para prisiones de cara a la próxima década. Se estima que hay 1.586 presos políticos en Rusia.
