El PSOE dispuesto a negociar las cuentas con Ayuso para evitar la presión de Vox sobre las leyes LGTBI
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty ha declarado en una entrevista en La Razón: «Estamos dispuestos a hablar de la derogación de las leyes LGTBI y a avanzar en cambios muy profundos en esas en esas dos leyes de 2016«. Precisamente esta normativa autonómica se está revisando ahora y forma parte de la negociación de los Presupuestos para 2022 de la Comunidad de Madrid después de que una de las exigencias de Vox para apoyar las cuentas de Isabel Díaz Ayuso sea la derogación de estas leyes.
Preguntado por su margen de negociación en lo relativo a derechos LGTBI con el partido de extrema derecha a cambio de su apoyo en las cuentas, ha expresado que para Vox terminar con estas leyes «es una cuestión central, importantísima«. «Nosotros le hemos dicho que estamos dispuestos a hablar de ello«, ha reconocido Fernández-Lasquetty. Este planteamiento responde a una de las exigencias de la formación de Abascal para facilitar el apoyo a los presupuestos de Díaz Ayuso.
Lasquetty ha insistido en que ese «no es el único punto» de Vox para aprobar las cuentas y ha añadido que necesitan conocer todas las propuestas. Para que salgan adelante los Presupuestos de 2022, el Ejecutivo regional necesita al menos la abstención del partido de extrema derecha. El consejero del Ejecutivo de Ayuso ha asegurado que, si bien aún no han hablado con Vox sobre los detalles de sus peticiones, el PP no tiene «líneas rojas» y está «dispuesto a hablar de todas las cuestiones que nos han dicho hasta el momento«. También ha declarado que buscan «unos presupuestos con los que Vox se sienta cómodo, pero también el PP«.
El Partido Socialista mueve ficha
El secretario general de los socialistas madrileños y portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, se ha mostrado dispuesto a abrir una negociación con el PP para frenar la posibilidad de que haya una modificación de las leyes LGTBI que la Cámara regional aprobó en 2016 cuando Cristina Cifuentes era presidenta de la Comunidad de Madrid. El socialista cree que «se está mercadeando con los derechos y libertades» para lograr el “sí” de la bancada de los de Rocío Monasterio.
